Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes
Más de 400 personas trans han realizado el cambio en el indicador de género en su certificado de nacimiento desde julio de 2018, cuando el Registro Demográfico creó el protocolo para cumplir con la orden del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, que había dispuesto que el Estado les estaba violentando el derecho a la intimidad a quienes querían cambiar el indicador de género conforme a su identidad.
Las mujeres trans Daniela Arroyo González y Victoria Rodríguez Roldán, así como un hombre trans y la organización Puerto Rico Para Tod@s presentaron, en 2017, una demanda contra el Registro Demográfico para que les permitieran cambiar el género de su certificado de nacimiento y demás registros vitales. Arroyo González tenía tan solo 18 años, cuando reclamó ese derecho, que el Tribunal Supremo de Puerto Rico había negado en dos ocasiones. El resto es historia tras la decisión de la jueza Carmen Consuelo Cerezo.
“Esto es una conquista importante porque, hasta ese momento, el propio Tribunal Supremo de Puerto Rico no había permitido que eso sucediera”, puntualizó el director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), Ever Padilla Ruiz, en entrevista con Todas.
Contar con identificaciones oficiales alineadas a la identidad de género no solo se trata de un derecho en sí mismo, sino que apoya otros derechos humanos básicos como el acceso a la salud, empleo y asistencia económica. Carecer de estas identificaciones supone limitaciones grandes. Por ejemplo, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) le denegó asistencia por desastre a personas trans porque había incompatibilidad en sus identificaciones en las bases de datos. Clínicas legales y organizaciones como la CDC tuvieron que asistir en la apelación de esas determinaciones.
Estas dificultades se replican constantemente. Incluso, el mismo día en que Todas entrevistó a Padilla Ruiz, había una persona trans solicitando la ayuda de la CDC porque el Departamento del Trabajo le negó acceso a información personal porque no tenían actualizada su identidad de género en la base de datos. “No debería ser que el Estado no reconozca la identidad de la persona por los perjuicios que puedan tener sus empleados o empleadas”, comentó.
El gobierno ha recibido típicamente 67 solicitudes de cambio de género cada año desde 2018, exceptuando el año en curso. Hasta el 12 de marzo de este año, el Registro Demográfico había recibido 16 solicitudes, informó la directora Wanda Llovet Díaz en entrevista con Todas.
A diferencia del cambio de nombre, el cambio del indicador de género es un proceso enteramente administrativo.
¿Qué tengo que hacer para poder corregir mi identidad de género en mi certificado de nacimiento?
- Llenar el formulario Solicitud para el cambio de género en los certificados de eventos vitales mediante declaración jurada.
- Presentar, junto al formulario, el pasaporte o licencia de conducir con el género con el que se identifica.
- De no tener ninguna de estas identificaciones actualizadas, llevará una certificación emitida por alguna de las siguientes profesionales: psicóloga, terapeuta, trabajadora social, doctora en medicina, manejadora de casos o consejera evaluadora, con la que tenga una relación de médico/paciente que confirme su género y que continuará identificándose como tal en el futuro. Puede encontrar esta certificación en la Parte B de este mismo formulario.
- Importante: la persona no tiene que haber pasado por un tratamiento clínico de transición de sexo.
- Tendrá que cancelar un sello de $20 de rentas internas.
- La entrega de estos documentos se hará en las Oficinas Centrales del Registro Demográfico.
Fuente: Departamento de Salud
Padilla Ruiz exhortó a la persona trans, que lea este artículo, a que “no tenga miedo al proceso. Oriéntese con alguna entidad para que logre alinear su nombre o indicador de género con su identidad. Es parte del derecho que tenemos todas las personas a nuestra identidad, a que se nos reconozca. Es importante reconocerlo, respetarlo y validarlo”.
El formulario requiere, sin embargo, que un médico o profesional de la conducta humana certifique el género con el que se identifica, cuando el solicitante todavía no cuenta con otra identificación actualizada. Este requisito ha sido criticado por la comunidad LGBTTIQ+, así como por los defensores de derechos humanos, profesionales de la conducta y quienes brindan servicios a esta población.
“No tiene que ser así. Hasta un affidávit puede ser mejor porque es lo que la persona siente, no lo que otro afirma por ella. El affidávit lo dices por juramento, y ¿qué mejor que el juramento de la propia persona?”, cuestionó la abogada de la CDC, Hilda Sciera Márquez, quien acompaña y prepara a las personas quienes se autorepresentan.
Padilla Ruiz contó que, en 2018, “dentro de las posibilidades para avanzar, era la única opción que teníamos”. El abogado se refirió a las conversaciones que se tuvieron al interior del Consejo Asesor del Gobernador en asuntos LGBTT, que había sido creado por orden ejecutiva de Ricardo Rosselló Nevares.
Llovet Díaz explicó que el formulario se implementó tal cual lo había desarrollado el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Mencionó que la certificación del profesional se solicita cuando la persona no tiene un pasaporte o licencia de conducir actualizada conforme a su identidad de género. Abordada sobre las razones para requerir eso, se limitó a contestar que “así fue que estaba establecido”.
La directora del Registro Demográfico agregó que este cambio administrativo solo se puede hacer en la oficina central, pues es donde se guardan los certificados originales de nacimiento. Entonces, especificó que el certificado “no se cambia ni borra; se le hace una corrección en tinta roja”.
“Es normal, lamentablemente, que las personas que toman las decisiones que afectan a los transgéneros no son transgéneros. Por eso, es tan importante el activismo y la militancia de las personas transgéneros”, dijo Larry Zayas Rivera, gerente de proyecto de Translucent, que ofrece servicios de apoyo como un clóset comunitario, búsqueda de vivienda, solicitud del plan de salud del gobierno, talleres educativos, comida y computadoras a la población trans, en adición a los servicios clínicos.
El cambio de nombre: un procedimiento distinto
La activista trans y directora de The Euforia Project, Karina Torres Rosado, enfatizó el valor que también tiene el trámite de cambio de nombre para la salud emocional e intimidad de las personas trans. “El cambio de nombre es un recurso bien importante… Los seres humanos tendemos a ser bien visuales. Si la identificación dice un nombre masculino, pero tu apariencia es femenina, empieza la discriminación, la burla o el comentario religioso. Son pocos los que reconocen tu identidad”, aseveró.
Torres Rosado lleva, desde 2014, acompañando a las personas trans en la solicitud de cambio de nombre en los registros vitales. Este proceso se hace mediante un formulario de petición de cambio de nombre. La persona tiene que presentar una serie de documentos ante el Ministerio Público quien entonces tiene 10 días para presentar cualquier objeción. El juez o la jueza puede resolver por los documentos u ordenar la celebración de una vista, previo a emitir una resolución concediendo el cambio o denegándolo.
Los sellos para tramitar las peticiones ante el tribunal por derecho propio ascienden a $90, en conjunto. Sin embargo, cuando este trámite lo realizan abogados privados, el costo por el servicio oscila entre los $1,200 a $3,000, dijeron, por separado, Sciera Márquez y Zayas Rivera.
