La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico rechazó de forma contundente la nueva política del Comité Olímpico Internacional (COI) que prohíbe la participación de mujeres trans en los Juegos Olímpicos, denunciándola como una medida discriminatoria que vulnera derechos humanos fundamentales y profundiza la exclusión en el deporte.
El cambio normativo establece que, a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, la categoría femenina quedará reservada exclusivamente para mujeres biológicas. Según el COI, la elegibilidad se determinará mediante una prueba de sexo “única en la vida”, lo que impediría competir tanto a mujeres trans como a personas con desarrollo sexual diferente (DSD) que hayan atravesado la pubertad masculina.
La presidenta del COI, Kirsty Coventry, defendió la medida al asegurar que responde a “criterios científicos”. El organismo también indicó, según la BBC, que la prueba estará dirigida a detectar el gen SRY, vinculado al cromosoma Y y al desarrollo de características masculinas. Según el COI, este proceso, que podría realizarse mediante saliva, hisopo bucal o muestra de sangre— sería “poco invasivo” en comparación con otros métodos.
Frente a este escenario, la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció en comunicado de prensa que la política responde a presiones políticas y perpetúa violaciones de derechos humanos.
“Esta política es inhumana, mezquina y violenta. No tan solo violenta los más elementales derechos humanos, reconocidos internacionalmente, sino que le cierra las puertas a una posibilidad de ganarse la vida a atletas trans que tienen las habilidades para destacarse y representar a su país. Es otra medida inhumana y mezquina que responde a las presiones de gobiernos antiderechos que no respetan la soberanía deportiva”, expresó Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.
Desde una perspectiva legal y de género, la licenciada Claudia Fontanet Rodríguez, integrante del Consejo Asesor de la organización, advirtió que la política del COI perpetúa formas históricas de control sobre los cuerpos de las mujeres. “La nueva política del COI no es algo para celebrar, pues una vez más vemos cómo los cuerpos de las mujeres son sometidos a pruebas, críticas y escrutinios que no existen en el deporte masculino. Al hacerlo, se refuerza la noción del ‘sexo débil’ y la subordinación femenina”, sostuvo.
Fontanet Rodríguez también alertó sobre el impacto en otras poblaciones, particularmente en mujeres intersex. “Esta política no solo perjudica a las mujeres trans, sino también a las mujeres intersex, quienes siempre han competido en el deporte femenino, lo cual resulta altamente preocupante. No me parece una medida de justicia, sino una manifestación del deseo insaciable de regular y controlar los cuerpos de las mujeres y, a su vez, imponer visiones sobre lo que debe ser y cómo debe lucir una mujer en nuestra sociedad”, señaló.
Asimismo, subrayó que, aunque se trata de un tema complejo, las medidas propuestas no son neutrales. “Someter únicamente a las mujeres a pruebas genéticas para comprobar que, en efecto, son mujeres perjudica a las niñas y a las mujeres a largo plazo y refuerza la jerarquía de género”, añadió.
Las expresiones de la Federación LGBTQ+ también respondieron a la postura de Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), cuya presidenta, Sara Rosario, aseguró que la nueva política aporta “tranquilidad, justicia y equidad” al deporte.
Ante esto, Serrano rechazó categóricamente dicha caracterización. “Es una nefasta decisión del COI y nada en el respaldo del COPUR trae ‘tranquilidad’ y mucho menos ‘justicia y equidad’ al deporte. Todo lo contrario, abre las puertas, de par en par, al discrimen, al rechazo y a la exclusión. Lamentamos la posición de la presidenta del COPUR y esperamos que, con el tiempo, rectifiquen tanto ella, como el COPUR y el COI. La equidad es un hecho inevitable. Estos tiempos oscurantistas pasarán”, concluyó.
Proyecto de la Cámara de Representantes
En Puerto Rico, este debate también ha tomado forma legislativa. La Cámara de Representantes aprobó recientemente el Proyecto de la Cámara 164, de la autoría de la representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, que propone prohibir la participación de atletas trans en equipos deportivos femeninos en escuelas y universidades públicas. La medida, titulada “Ley de Protección de los Deportes Femeninos”, establece que los equipos deberán clasificarse según el “sexo biológico” de sus integrantes y dispone que ninguna institución cubierta permitirá la participación de personas del sexo masculino en equipos designados exclusivamente para mujeres.
El proyecto fue referido el 16 de marzo de 2026 a la Comisión de Juventud, Recreación y Deporte del Senado, en un contexto donde organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el impacto de este tipo de medidas en el acceso equitativo al deporte y en la vida de jóvenes trans en el país.
