En todo el archipiélago puertorriqueño, se siente un clima de desasosiego. Las formas en que experimentamos las violencias en esta colonia a veces escapan nuestras posibilidades de apalabrarlas, pero nunca escaparán a nuestra capacidad para resistirlas. Las colonias son un experimento fallido. Las colonias, por definición, son violentas: deshumanizan, precarizan, empobrecen, asesinan, despojan, expulsan y desplazan. Nuestra historia como pueblo, ha sido la historia de la resistencia continua a estas violencias. Seguimos aquí porque hemos resistido. Nos hemos tenido que ir, pero nunca hemos dejado de resistir. La pregunta entonces es, ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo permitiremos que la violencia colonial atraviese nuestras vidas, vacíe nuestras comunidades y expulse a nuestras familias? ¿Hasta cuándo permitiremos que nos arrebaten nuestras vidas y nuestra esperanza de futuro? ¿Hasta cuándo permitiremos que la corrupción, las puertas giratorias y la avaricia de la clase política y financiera de este país nos arrebate nuestro derecho a permanecer, a estar y a vivir dignamente en nuestra tierra? Es nuestra porque es de nosotras: las negras, las pobres, las trabajadoras, las migrantes.
La vida se precariza. Se hace difícil respirar y sobrevivir ante el detrimento de la calidad de vida y el encarecimiento de todo lo que necesitamos para vivir dignamente. Los salarios no dan para comprar lo básico para subsistir. El sistema de salud está colapsado y los medicamentos son inaccesibles. Los empleos son cada vez más precarios, mientras enfrentamos una crisis de vivienda sin precedentes. ¿Qué se supone que hagamos si tenemos que escoger entre pagar renta, hacer compra o pagar medicamentos? ¿Qué se supone que hagamos si incluso trabajando a tiempo completo no conseguimos llegar a fin de mes? ¿Qué se supone que hagamos si continúan aumentando el costo de los servicios básicos —ineficientes todos— mientras que nuestro poder adquisitivo se achica cada vez más?
Según el Censo 2020, un 43% de las personas en Puerto Rico vive debajo del nivel de pobreza. Estos números no dan cuenta de cómo se materializa esa pobreza: escasez de vivienda digna y aumento de alquileres, deterioro de la infraestructura pública (carreteras, alumbrado, servicio eléctrico, acueductos y alcantarillados, entre otros), reducción de servicios esenciales (educación, salud, vivienda), aumento de la violencia de género, la criminalidad, y el saqueo de la naturaleza y entorno ambiental. Más aún, del total de la población que vive bajo el nivel de pobreza, el 55% son mujeres jefas de familia. Las mujeres, además de precarizadas y empobrecidas, somos las cuidadoras principales de nuestras viejas y niñas, asumimos mayor carga en el trabajo doméstico y mayor trabajo emocional, conteniendo a nuestras familias y comunidades ante tanta violencia. Este es un país al que el luto no le da tregua. Aquí todos los días sufrimos la muerte prematura de seres queridos a los que el sistema les falló: desde educación, hasta salud. Por eso es que la sensación de duelo colectivo, la pesadez en el cuerpo, el llanto contenido en la garganta, no nos abandonan nunca, porque dolemos la pérdida constante mientras rabiamos por aquello que nos arrebatan.
No obstante, es importante recordar que estas violencias no solo aterrizan en cuerpos y comunidades concretas, sino que, además, no surgen de la nada. Estas violencias son políticas, son el resultado de decisiones administrativas, coloniales, capitalistas, blancas y patriarcales.
El gobierno no es un ente pasivo en este esquema
A nivel político, el gobierno se ha revelado como un ente indiferente a las necesidades del pueblo. Nos gobiernan empresarios que se sirven a sí mismos de los bienes públicos. A través de esquemas de corrupción han saqueado los fondos destinados a la educación de nuestros niños, a la salud de las comunidades más vulnerables y de la reconstrucción del país. Se reparten contratos millonarios entre sí, sin ningún tipo de fiscalización, como pago de favores o a partir de chantajes políticos. Tanto el Partido Nuevo Progresista como el Partido Popular Democrático han utilizado su acceso al poder para establecer esquemas de puertas giratorias para que guisen sus principales donantes. El resto lo destinan a satisfacer las necesidades y caprichos de las corporaciones privadas y los inversionistas extranjeros, que son, en su mayoría, estadounidenses, a través de las leyes 60 y 22. Pero no son solo los inversionistas extranjeros los que guisan por causa de estas leyes. Dicen que no hay dinero para infraestructura pública o para salarios y pensiones, tampoco hay dinero para brindar los servicios esenciales del pueblo, mientras que los beneficios contributivos para esta clase privilegiada le cuestan al país 536 millones anuales.
Mientras que el pueblo denuncia estar asfixiado por la crisis económica que hace imposible costear alimentos, medicamentos y aquellos artículos para la subsistencia diaria, el gobierno de turno veta leyes de mejoramiento salarial insistiendo en que el alto costo de vida “está fuera de su control”.
Mientras que las familias reclaman por un sistema de salud que centre las necesidades de los pacientes y que priorice la construcción de hospitales, el reclutamiento de médicos, especialistas, enfermerxs y personal sanitario, el gobierno continúa protegiendo el infinito poder que tienen las aseguradoras privadas.
Mientras que existe un reclamo ensordecedor sobre la falta de vivienda digna y asequible para lxs pobres y trabajadorxs en el país, el gobierno genera esquemas para permitir a inversionistas extranjeros el acaparamiento de propiedades y terrenos, incluyendo bienes públicos que deben estar al servicio de la ciudadanía.
Mientras que reclamamos que nuestras comunidades desaparecen, que nos aumentan las rentas caprichosamente y que nos expulsan de nuestros barrios y edificios por la falta de regulación de alquileres de corto plazo como Airbnb’s y otros, el gobierno se niega a utilizar sus poderes para regular esta práctica y priorizar el bienestar de las comunidades y sus habitantes.
Mientras que los hogares de quienes lo perdieron todo luego de los huracanes Irma y María continúan destruidos, particularmente en las zonas rurales y marginalizadas del archipiélago, el gobierno malversa los fondos de reconstrucción CDBG-DR para beneficiar a desarrollistas e inversionistas en zonas urbanas y de interés turístico o comercial, a costa del desplazamiento de comunidades empobrecidas.
Mientras que reclamamos por un mejor servicio de transportación pública y por la reparación de las intransitables carreteras del país, el gobierno las privatiza y permite el aumento desenfrenado del precio de los peajes dificultándonos cada vez más nuestra movilidad para ir a trabajar o acudir a nuestras citas médicas.
Mientras que el magisterio reclama no tener materiales ni recursos para la enseñanza de los estudiantes del país, así como un currículo que atienda las necesidades y rezagos de la población estudiantil, el gobierno abandona a su suerte los planteles y adelanta a puertas cerradas la privatización de aquellas escuelas públicas que no cerró.
Mientras que las mujeres reclamamos que nos matan, nos violentan y destruyen nuestras familias por causa de la violencia de género, el gobierno pinta murales en centros comerciales con los fondos destinados a establecer mecanismos de prevención.
Mientras que el pueblo reclama la protección de sus recursos, de nuestras playas, nuestros bosques y nuestra biodiversidad, el gobierno de turno otorga permisos de manera ilegal, poniendo en manos privadas nuestras tierras y nuestros ecosistemas e impidiéndonos disfrutar de nuestro patrimonio colectivo.
Un Puerto Rico sin puertorriqueñxs
Durante los últimos seis años, la Junta de Control Fiscal, un ente impuesto por el Congreso de Estados Unidos a través de la Ley Promesa, ha tomado la rienda decisional del país. Llegaron con el subterfugio de que intervienen con el propósito de organizar las finanzas del gobierno, pero lo que han hecho es arrastrarnos a la miseria y a la precariedad. A esto le llamamos desplazamiento político. Además de lo evidente, es decir, que un ente extranjero e impuesto nos arrebata el ya limitado poder decisional dentro de la colonia, este desplazamiento político se ve en sus acciones cuando así, como aves de rapiña, se han reservado para sí contratos millonarios, mientras que el resto del erario público lo han destinado a pagar una deuda ilegal, ilegítima y totalmente fabricada. Con total descaro, la Junta ha impulsado recortes a los servicios esenciales en el país, afectando de manera considerable la calidad de vida de las trabajadoras, a la vez que ha dejado intactos los beneficios contributivos que cobijan a los más ricos y privilegiados en el país. Lo que recortan, por un lado, como la inversión pública en las áreas vitales de salud, educación y seguridad, lo regalan por el otro, privatizando, por ejemplo, nuestro sistema de energía eléctrica e impulsado aumentos que comprometen el porvenir de las presentes y futuras generaciones. Así, de estas múltiples formas, el desplazamiento político pretende continuar despojándonos del poder y de la autonomía para decidir el rumbo de nuestras vidas, de nuestras comunidades y de nuestro archipiélago.
Junto al desplazamiento político, llamamos a la violencia que estamos viviendo en la colonia, desplazamiento territorial. Este tipo de desplazamiento es el que se manifiesta arrebatándonos nuestros hogares, comunidades, playas, empleos y hasta el suelo que pisamos. Todo en servicio de un modelo económico basado en la privatización de lo público y la negación de lo común. El desplazamiento territorial implica vaciamiento. Nuestras comunidades van vaciándose lentamente como consecuencia de las políticas de empobrecimiento y de la violencia estructural. Asimismo, el desplazamiento territorial también implica “repoblar”. Es decir, las comunidades son reemplazadas por nuevas personas con mayor poder adquisitivo que transforman los espacios ajustándolos a sus necesidades pequeñoburguesas y burguesas. En el caso de nuestro archipiélago, y como hemos visto con el auge de los alquileres de corto plazo, las comunidades además quedan completamente transformadas para ahora servir a las necesidades de turistas que pasan fugazmente por nuestros espacios. En vez de pensarse(nos) en comunidad, sirviéndonos y apoyándonos entre nosotrxs, nos convertimos en proveedores de servicios para una población fluctuante y temporal.
Estas formas en las que se manifiesta el desplazamiento están además ancladas en la violencia anti-negra que sostiene un estado racial que históricamente ha excluido, despojado y violentado a las comunidades negras. A su vez, estando las mujeres en una posición de mayor vulnerabilidad laboral y de acceso a vivienda, estas políticas que repercuten en el desplazamiento afectan en mayor medida a las mujeres y con ello acrecientan la violencia machista en tanto que limitan las posibilidades de independencia tan necesarias para salir de una situación de violencia. Por último, no nos debe quedar ninguna duda de que otro de los anclajes del desplazamiento es el orden capitalista y el capitalismo financiero que especula con nuestras viviendas y comunidades; que nos transforma a su antojo sin considerar la importancia de la vida en comunidad, de los espacios colectivos para el disfrute o de lo imprescindible de las redes vecinales ante las vulnerabilidades que enfrentamos constantemente como huracanes, terremotos, apagones, etc. El capitalismo financiero es parte de una civilización de la muerte, no permite que nada florezca, mientras que se divierte poniendo en peligro nuestra existencia misma.
Situarse como rebelión
Hay un Puerto Rico que dejó de ser. Bajo el discurso del progreso, las descalzadas de la montaña se establecieron en la metrópolis para trabajar en las fábricas, a formar los cascos urbanos, a poblar la ciudad. Construyeron sus humildes casas en zinc y madera, e hicieron las comunidades obreras que posibilitaron la Milla de Oro. Al crecer la fuerza trabajadora en la zona, el gobierno apostó por desarticular la colectividad. Y bajo amenaza de inundaciones e higienización, forzó su desalojo. Las destinó a las afueras de esa zona de riqueza que su sudor —solo de las trabajadoras— generó. El gobierno manifestó su visión. Excluir, despojar, desterrar e higienizar para hacer digerible los espacios al capital blanco y extranjero. Decían los racistas latinoamericanos del siglo XIX que civilizar es poblar. Poblar, específicamente, con población blanca. Pero para eso, primero vino el despojo, la expulsión, el destierro y la muerte.
Es por esto que situarse, poner el cuerpo ahí, de donde nos han desterrado, desde donde nos despojan, es un acto de rebeldía colectiva que, más que necesario en estos tiempos, es urgente.
Hay un Puerto Rico que nunca fue para quienes viven la muerte a destiempo, por falta de servicios de salud, por falta de comida, por falta de un techo seguro. Pero también, y sobre todo, hay un Puerto Rico en disputa, el que nos estamos peleando día a día, todos los días. Nos quieren arrebatar de las manos el país que hemos forjado, removiendo cada pie cuadrado del suelo que pisamos para dárselo al invasor.
Sin embargo, y contra toda la violencia que pretende desarticularnos y alienarnos, reiteramos que nuestra voz no requiere de traducción, ni representantes. Le hacemos frente en alto a la violencia sistémica que acorta nuestras vidas y nos desplaza de nuestro lugar de ser, de estar y de permanecer. Luchamos en plural, como colectiva y en primera persona porque ponemos el cuerpo en la línea. Denunciamos lo vivido en carne propia, lo que persiste en nuestra memoria histórica y colectiva y nos juramos —por lo más sagrado que cada una tiene— que no pasarán. Nuestra promesa a la gente es una amenaza directa al estado: Resistimos. Ocupamos. ¡Desplazadas nunca más!
