Fotos de Riamny Méndez Féliz
República Dominicana. — Una escuela con 108 niñas y niños en un antiguo batey, donde vivieron jóvenes trabajadores de la industria azucarera, conserva memorias de marginación y exclusión social. Pero también guarda momentos de alegría, resistencia y solidaridad gracias a mujeres y organizaciones de tres países del Caribe con una historia marcada por la caña, la explotación laboral y la migración.
El pasado 29 de abril, la puertorriqueña Hilda Guerrero entró a una de las aulas de esa escuela para hablar con las niñeces sobre los derechos de las personas migrantes y sus descendientes. Su visita reafirmó una relación entre las activistas de la organización boricua Comuna Caribe —la cual cofundó— y las del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA) que se ha mantenido durante 22 años.
Durante la actividad formativa, nietas y nietos de cortadores de caña haitianos, hijos de dominicanos de ascendencia haitiana y de otros dominicanos marginados por una economía que crece pero no acoge a todos en su prosperidad, levantaron las manos para hablar de pertenencia, de protección, de identidad y de seguridad.
Lo hicieron en un espacio de educación inicial y básico fundado hace 30 años por un equipo liderado por Sonia Pierre, la fallecida defensora de los derechos de las personas dominicana de ascendencia haitiana que impulsó MUDHA.
Después de la actividad, Guerrero entregó a Sirana Dolis, coordinadora de MUDHA, materiales didácticos para que la escuela los utilice en futuras formaciones. La activista puertorriqueña explicó que su relación con MUDHA y con su fundadora se remonta a 2004. “Nuestra relación con MUDHA inició el 6 de enero de 2004. Comuna Caribe surgió como comité en 2003 para visibilizar la situación de exclusión que vivía y vive no solo la niñez, sino la comunidad dominicana de ascendencia haitiana”, contó Guerrero.
Pierre y Guerrero se conocieron para coordinar el activismo que cada organización hacía por separado. De ese encuentro nació una relación de solidaridad que en esta escuela se ha reflejado en apoyo para la recaudación de fondos para cubrir el incentivo que reciben las profesoras en determinados momentos, así como en mejoras de infraestructuras y compra de materiales didácticos. Pero, sobre todo, se ha visto en la construcción de conocimientos colectivos y en cómo se han ampliado las relaciones que se tejen entre la República Dominicana, Haití y Puerto Rico para defender derechos humanos y construir espacios que fomenten la solidaridad y la justicia.
“Fue muy emotivo regresar a la escuelita, hace años que no venía. La comunidad está diferente, transformada. La escuelita ha tenido muchos cambios, entre ellos que hay estructuras que ya no están. Estaban deterioradas y era peligroso mantener esas estructuras; están construyendo salones nuevos. La escuelita necesita apoyo, y esa es una de las intenciones, hablar con las compañeras de Comuna y con personas que continúan apoyando a la comunidad dominicana de ascendencia haitiana y (a la comunidad) haitiana”, enfatizó Guerrero, quien fue recibida con letreros que reflejan el amor con el que se le acoge. “Hilda Guerrero, te esperamos en casa”, decía uno de los carteles que le dieron la bienvenida.
Una escuela para resistir la exclusión
La escuela nació para garantizar educación inicial a toda la comunidad, donde viven muchos hijos e hijas de extrabajadores de la industria azucarera que históricamente han enfrentado dificultades para acceder a la educación pública formal debido a que no tienen actas de nacimiento y a otras barreras, como la falta de centros educativos para los más pequeños en algunos bateyes.
La mayoría de estos trabajadores eran o son haitianos y haitianas que llegaron al país a sembrar y cortar caña durante gran parte del siglo XX. A muchos se les niega la pensión a la que tienen derecho, mientras que a una parte de sus descendientes se les impide obtener la nacionalidad del país al que ayudaron a prosperar con su trabajo.
Pero la solidaridad dominicana, puertorriqueña, haitiana y de otras naciones ha resistido la exclusión estatal durante 30 años en esta escuela insertada en una comunidad que todavía conserva viejos barrancones —viviendas precarias donde sobrevivían los cortadores de caña y sus familias— junto a nuevas casas y comercios. El centro educativo no recibe apoyos del Ministerio de Educación; se sostiene solo con donaciones y trabajo voluntario.
Sin esta escuela, muchos niños de la comunidad, especialmente hijos de hijas de migrantes y sus descendientes, no podrían ser alfabetizados. Una de las maestras explicó que al finalizar la formación en el centro, que abarca desde kínder hasta el cuarto curso de la educación básica, un grupo consigue cupos en escuelas convencionales del sistema público porque cuenta con actas de nacimiento dominicanas. Otro enfrenta obstáculos porque el Estado les niega documentos de identidad, pero puede terminar el bachillerato. El problema es que en ese punto se estanca, ya que no tiene acceso a estudios superiores ni al empleo formal.
De acuerdo con las explicaciones de la maestra, un tercer grupo no puede seguir con sus estudios más allá de la primaria y queda condenado a empleos en condiciones aún más precarias que los demás, en una comunidad donde muchos de los hijos e hijas de antiguos trabajadores de la industria azucarera son hoy empleadas del hogar en barrios de clase media, obreros de la construcción o conductores de motores de concho (moto taxis).
No identificamos a la profesora ni al batey donde se ubica la escuela para evitar ataques de un pequeño grupo ultranacionalista y racista que ha agredido a haitianos, a dominicanos de ascendencia haitiana y a defensores de sus derechos, especialmente en los últimos cinco años.
Pero también hay historias alegres en este lugar. Hay voluntarias como Hilda Guerrro que traen libros, actividades formativas y donaciones de terceros que han salvado la escuela en momentos críticos. Y hay maestras comprometidas.
La profesora de educación básica, que también es dominicana de ascendencia haitiana, y que gracias a Sonia Pierre se involucró en el activismo por los derechos humanos y decidió estudiar educación, contó que ha visto pasar por las aulas a estudiantes que lograron terminar su licenciatura y ahora son profesionales exitosos. También fue testigo de la alfabetización de niños y niñas con abuelos o padres que no sabían leer. Recordó con emoción a una pequeña que inventó un cuento sobre un perro que viajó al espacio exterior, conoció la luna y regresó para compartir con su familia todo lo aprendido. “No podemos dejar la escuela, porque, ¿qué pasaría con nuestros niños?”, concluyó a modo de reflexión.
República Dominicana, Haití y Puerto Rico en la industria azucarera. Durante gran parte del siglo XX la República Dominicana tuvo una próspera industria azucarera que, aunque con menos peso en la economía, todavía es importante. Había ingenios privados y también gestionados por el Gobierno. Los trabajadores haitianos fueron clave para esta industria que con frecuencia ha sido acusada de violaciones a los derechos humanos. Grupos de puertorriqueños también emigraron a la República Dominicana durante el siglo pasado, pero en menor proporción, y en general ocuparon puestos mejor remunerados que los haitianos. Se establecieron principalmente en las provincias de San Pedro de Macorís y La Romana, en el este del país. La industria azucarera dominicana también tuvo trabajadores cubanos y de las Antillas menores, popularmente conocidos en República Dominicana como cocolos.
