Foto del archivo de Ana María Abruña Reyes
La gobernadora Jenniffer González Colón aprovechó el fin de semana del 25 de julio para poner en manos de corporaciones privadas con fines de lucro la administración de los albergues que brindan servicios a las sobrevivientes de violencia doméstica en el país.
En medio de esos días de asueto, el gobierno de González Colón anunció la firma del controvertible Proyecto del Senado 430 —ahora la Ley 143—, que abre las puertas a la privatización de los albergues de mujeres que buscan salvar sus vidas y las de sus hijas e hijos. El nuevo estatuto permite que proyectos de construcción, mantenimiento y operación de estos refugios sean elegibles bajo la Ley de Alianzas Público Privadas (Ley 29-2009).
Desde que se radicó temprano en 2005, esta pieza levantó serias preocupaciones y generó una fuerte oposición de grupos feministas y organizaciones de derechos humanos. La Red Nacional de Albergues de Violencia de Género alertó, desde entonces, que los proyectos de alianza público privadas pueden comprometer los servicios gratuitos que reciben las sobrevivientes, los fondos federales que reciben los albergues e incluso afectar la seguridad de las víctimas.
“Tenemos serias preocupaciones de introducir el ánimo de lucro a un servicio especializado que no debe tener barreras por un asunto de acceso económico. Nos reunimos con legisladores, con asesores de la Gobernadora, con la procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, y nadie nos pudo explicar cómo iba a funcionar un servicio que tiene que estar garantizado a las sobrevivientes”, denunció Coraly León Morales, coordinadora de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, gremio que cobija a los nueve albergues que ofrecen estos servicios especializados, algunos con más de 50 años de existencia.
La nueva ley se firmó a escasos dos meses de Puerto Rico haber experimentado, en mayo de 2026, el mes más letal para las mujeres con un total de 10 feminicidios en un período de 30 días, ocho cometidos por parejas o exparejas, así como por 40 intentos de feminicidio, según documentó el Observatorio de Equidad de Género (OEG).
En Puerto Rico, hay nueve albergues de violencia de género operados por instituciones sin fines de lucro con probada experiencia, todos aquejados por millonarios recortes en fondos federales y estatales que en los últimos años los han llevado a la precariedad fiscal y a depender de propuestas federales, que muchas veces llegan tarde. Ante la incertidumbre fiscal, la falta de asignaciones de fondos permanentes y reducciones en fondos legislativos, estas instituciones han tenido que recurrir a levantar fondos propios y a campañas de donativos de la comunidad para seguir ofreciendo un servicio esencial en el país.
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Lejos de atender el déficit estructural que atraviesan, la nueva ley introduce a un nuevo actor, el inversionista privado, que ahora puede construir, mantener y operar albergues bajo la Ley de Alianzas Público Privadas, un modelo lucrativo cuya eficiencia y buen servicio está en entredicho en Puerto Rico en el manejo del sistema eléctrico, peajes y aeropuertos.
“Cuando hay una alianza público privada el ente que entra tiene una expectativa de lucro. Pensemos en el aeropuerto, los peajes y el servicio eléctrico. Son los mejores ejemplos del fracaso de la privatización. ¿Cómo traer una alianza público privada a un servicio tan delicado y especializado como apoyar y proteger la vida de una sobreviviente”, puntualizó León Morales.
Para la coordinadora de la Red de Albergues, la nueva ley trastoca la filosofía de servicios y crea un precedente peligroso para todo el ecosistema de ayuda a sobrevivientes. “Abre la puerta a la privatización”, dijo, quien también mostró gran preocupación sobre cómo funcionaría una alianza público privada de este tipo.
“Ninguna de las personas con quienes nos reunimos nos pudieron explicar cómo funcionaría la alianza público privada, nadie tenía una respuesta clara. Incluso, no entendían el proyecto. No entendemos cómo este proyecto fue aprobado”, reiteró León Morales.
Agregó que las organizaciones opuestas a la pieza legislativa reclamaron sin éxito que la medida fuera retirada para eliminar todo lo concerniente a los albergues, y que se convirtiera en un proyecto de viviendas permanentes para las sobrevivientes de violencia de género, una necesidad que se ha identificado y que es urgente.
León Morales sostuvo que la Ley 143 no atiende ninguno de los problemas del ecosistema de servicios de albergues para sobrevivientes en Puerto Rico, sino todo lo contrario, puede poner en peligro los servicios que ofrecen. “Nos genera otras preocupaciones porque puede entrar en contradicción con estatutos federales que proveen fondos a las sobrevivientes como la Ley VAWA (Ley de Violencia Contra la Mujer) y FVPSA (Ley de Prevención y Servicios Contra la Violencia Familiar). Nos consta que no hicieron consultas a las agencias federales para tomar en cuenta el impacto federal. Nosotras lo recomendamos, pero no lo hicieron”, subrayó.
Dejan fuera a las organizaciones expertas
Algo que se suma a la preocupación de las organizaciones es que la Ley 143 excluye a las entidades y personas conocedoras del manejo del grave problema de la violencia de género, incluyendo a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, que ni siquiera se menciona en el estatuto.
La ley dispone que es la Administración para las Alianzas Público Privadas (AAPP) la que determinará, mediante un comité, qué tipo de alianza “es apropiada” para constituirse en un albergue de violencia de género.
Ese grupo estará integrado por el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) o su delegado o delegada, un funcionario o funcionaria de la entidad gubernamental participante con injerencia directa en el proyecto, un integrante de la Junta de Directores de la entidad gubernamental participante, el secretario o secretaria del departamento al cual está adscrita la entidad gubernamental participante o algún funcionario con conocimiento especializado en el tipo de proyecto, y dos funcionarios o funcionarias de cualquier entidad gubernamental escogidos por la Junta de Directores de la AAPP “por sus conocimientos y experiencias en el proyecto objeto de la alianza contemplada”.
La directora ejecutiva del Observatorio de Equidad de Género, Stephanie Figueroa Figueroa, catalogó de “terrible” esta nueva ley y coincidió en que el nuevo estatuto promueve el ánimo de lucro.
“Estamos totalmente en contra de la firma de este proyecto que lo que promueve es que personas puedan lucrarse. Ese no ha sido el espíritu de organizaciones que por décadas han salvado la vida de tantas mujeres, de niñas y niños, y que aún sobreviviendo monumentales recortes fiscales, que las han dejado en situaciones de precariedad, no han fallado a su misión de asegurar una vida libre de violencia”, expuso Figueroa Figueroa.
Sostuvo que resulta “increíble” que el gobierno siga apostando por un modelo de privatización en vez de proveer los recursos necesarios a las entidades que se dedican a garantizar la seguridad de las mujeres y sus hijas e hijos.
“Si el gobierno tuviera el mismo ánimo que le pone a privatizar servicios esenciales a proveer las herramientas económicas y de política pública que necesitan los albergues para operar, viviríamos una realidad diferente. Es una situación de mucha preocupación y riesgo para los albergues que brindan servicios a mujeres y sus familias que buscan salvar sus vidas. La privatización no ha funcionado”, apuntó.
Figueroa Figueroa advirtió que las organizaciones que promueven los derechos de las mujeres estarán vigilantes a quiénes son las personas o instituciones “que van a estar detrás de estos proyectos de privatización”.
La Ley 143 fue rechazada en el Senado y la Cámara de Representantes por legisladores de las minorías políticas.
La procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez no estuvo disponible para contestar las interrogantes que deja esta nueva ley, en específico, sobre cómo el estatuto ayudaría a las sobrevivientes, y si afectará a los nueve albergues con experiencia probada que operan sin fines de lucro. Estos nueve albergues son: Casa Protegida Julia de Burgos, el Hogar Ruth, la Casa de la Bondad, el Hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced, la Casa de Todos, el Hogar la Piedad y la Casa Protegida de Mujeres y Niños, que también cuenta con dos albergues, Capromuni-I y Capromuni-II.
