Una de cada diez mujeres puertorriqueñas recibe atención prenatal inadecuada. La atención prenatal tardía es un predictor clave de complicaciones maternas prevenibles. Según el Informe de Calificación 2025 de March of Dimes para Puerto Rico, una sexta parte de las muertes infantiles en Puerto Rico se debe a defectos congénitos, muchos de los cuales están asociados con condiciones subyacentes que no se controlan durante el embarazo.
Solo en 2023, murieron en Puerto Rico 132 bebés, antes de cumplir su primer año de vida. La mortalidad materna e infantil no es inevitable; es el resultado de barreras estructurales al acceso a la atención, condiciones crónicas no tratadas e incertidumbres legales que retrasan la intervención médica oportuna.
La atención prenatal no es simplemente un chequeo de rutina. Es la principal oportunidad para detectar, monitorear y manejar estos riesgos antes de que se conviertan en emergencias médicas.
Las señales de advertencia suelen aparecer mucho antes de que ocurran las muertes.
En Puerto Rico, la morbilidad materna grave ha alcanzado aproximadamente 307 casos por cada 10,000 partos hospitalarios, en comparación con 93.1 por cada 10,000 en los estados de Estados Unidos.
Más de un tercio (36.9%) de las madres presenta un peso no saludable, el 2.6% tiene hipertensión y el 1.3% tiene diabetes, mientras que el 5.3% experimenta hipertensión durante el embarazo. Estas condiciones aumentan significativamente el riesgo de complicaciones como hemorragias, falla de órganos y eventos cardiovasculares.
El aumento en las tasas de morbilidad materna grave y de complicaciones potencialmente mortales durante el embarazo y el parto indica fallas en los sistemas de salud. Las barreras estructurales, incluyendo la escasez de proveedores, las limitaciones de transporte y la sobrecarga del sistema de salud, retrasan la atención o impiden que las pacientes la reciban a tiempo, particularmente en áreas rurales y desatendidas. El aumento de enfermedades crónicas, las brechas en la atención prenatal y la incertidumbre legal crean un entorno peligroso para las pacientes embarazadas.
La nueva legislación que reconoce la personalidad jurídica desde la concepción también introduce incertidumbre legal al permitir la intervención de terceros en decisiones entre médicos y pacientes embarazadas. Esto genera serias preocupaciones sobre la privacidad de las pacientes y los derechos reproductivos.
Expertos en salud pública advierten que un lenguaje legal ambiguo puede complicar decisiones médicas urgentes en embarazos de alto riesgo. En casos como el embarazo ectópico, la preeclampsia severa o complicaciones por aborto espontáneo, los retrasos en el tratamiento pueden poner en peligro la vida tanto de la madre como del bebé. Cuando los clínicos no tienen claridad sobre qué intervenciones son legalmente permisibles, incluso una breve duda puede poner en riesgo a las pacientes.
Para alcanzar la meta de Healthy People 2030 de reducir la mortalidad materna a 15.7 muertes por cada 100,000 nacimientos, desde tasas actuales de hasta 59.2, se necesitan intervenciones dirigidas con urgencia. Los responsables de políticas públicas deben actuar para proteger la confidencialidad entre paciente y proveedor.
Salvaguardar la privacidad es esencial para una toma de decisiones médicas oportuna y basada en evidencia durante el embarazo.
Puerto Rico necesita un programa que coordine la atención para mujeres embarazadas de bajos ingresos. El estado de Rhode Island ofrece un modelo sólido a través de su programa de Transporte Médico No Urgente (NEMT) financiado por Medicaid, que garantiza que los pacientes sin transporte confiable puedan asistir a citas médicamente necesarias, incluyendo la atención prenatal, mediante el acceso a transporte público, otros servicios de transporte y opciones especializadas.
Cada dólar invertido en atención prenatal ahorra más de tres dólares en costos futuros de salud.
Puerto Rico puede actuar ahora para proteger tanto la salud como los derechos de las mujeres embarazadas. Debemos garantizar el acceso oportuno a la atención, proteger la privacidad entre paciente y médico, y abordar las barreras sistémicas que las ponen en riesgo.
